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UNIVESIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO. EXCELENTE GESTIÓN EN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, ENTRE LAS CINCO MEJOR RANKEADAS

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A inicios del mes de mayo, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno ante la pandemia por el Covid-19, se dispuso una reducción del 10% del presupuesto entregado las universidades públicas, lo que causó el descontento de los representantes de diferentes instituciones educativas y la crítica de diferentes sectores.

Un grupo de juristas interpuso una acción de incumplimiento de dictamen, con pedido de medidas cautelares, ante la Corte Constitucional. Esta ordenó al Ejecutivo suspender la realización de modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto en las instituciones públicas de educación superior.

En consecuencia, el pasado 21 de mayo el Ministerio de Finanzas emitió un oficio circular informando que el recorte está suspendido a propósito de una acción pendiente en la Corte Constitucional. No obstante, con el objetivo de aportar a la discusión sobre este tema, el Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadanía y Desarrollo hace un análisis sobre los presupuestos de las universidades públicas y su ejecución.

 

Los fondos de las universidades públicas

El presupuesto general entregado a las universidades públicas del Ecuador se redujo en un 17.42% entre 2016 y 2020; es decir, USD 246’063.775 menos en el último quinquenio. A la par, la capacidad promedio de ejecución del presupuesto apenas llega al 85%.

Para justificar una posible reducción presupuestaria, consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, alegó que la ejecución de las universidades públicas llegaba al 87%, dejando libre un 13%. Las cifras son cercanas, pero no precisas. Tras un análisis detallado de la ejecución presupuestaria de 31 universidades y escuelas de educación superior estatales, el equipo del Observatorio de Gasto Público comprobó que en realidad fue del 84.62%, dejando un  porcentaje mayor del 15,38% de fondos no utilizados al cierre de 2019. En años anteriores, las cifras son similares

El financiamiento de las universidades

Cada universidad o escuela de educación superior posee autonomía en cuanto a la libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. También es libre de administrar y adquirir su patrimonio, así como para administrar los recursos, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la ley.

Según la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, el financiamiento de estas instituciones se obtiene de las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), de las asignaciones que consten en el Presupuesto General del Estado, además de las asignaciones que corresponden a las instituciones públicas del sistema de educación superior para la gratuidad y los ingresos por matrículas, derechos y aranceles. Adicionalmente, se financian de los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional, beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro y sea en beneficio de la institución.

Les corresponde también los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor, los fondos autogenerados por cursos y seminarios extracurriculares, consultorías, prestación de servicios y similares, los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus investigaciones y otras actividades académicas.

El Artículo 18 de la LOES dispone también que a las universidades públicas les corresponde los ingresos provenientes del 50% de la venta de bienes confiscados por el Estado al narcotráfico y este dinero se destina exclusivamente a proyectos de investigación e inversión.

Se sanciona la falta de transferencia oportuna de los recursos establecidos con la destitución de la autoridad y de las y los servidores públicos responsables.

 

La distribución de recursos

Los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas se asignan con base al número de estudiantes y costo por carreras y niveles. También se considera el número de docentes y su nivel académico, además de la evaluación y acreditación de instituciones, carreras y programas. Asimismo, se toma en cuenta los proyectos y resultados de los programas de investigación, producción científica y tecnológica, así como los servicios y programas de bienestar estudiantil, atención a docentes y el personal.

En este sentido, la Universidad de Guayaquil y la Universidad Central del Ecuador, son las instituciones que más recursos recibieron este año, seguidas por la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad de Cuenca y la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).

En contraste, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Regional Amazónica Ikiam, la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López; y, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, son las instituciones con menos presupuesto, siendo la última un caso especial que apenas abrió sus puertas en 2019.

Ejecución presupuestaria de 2019

En términos generales, la ejecución presupuestaria de las universidades públicas llegó al 81.98% en 2019. Sin embargo, revisando caso por caso, 17 de 32 instituciones registraron una ejecución superior al 90%. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la Universidad Estatal Península de Santa Elena y la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López incluso superan el 99%.

Por su parte, la Universidad Regional Amazónica IKIAM apenas utilizó el 31,4% de su presupuesto del año pasado. La recién creada Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, usó el 57%; y, la Universidad de las Artes, el 57%. Estas tres registran el menor nivel de ejecución en 2019.

Ejecución presupuestaria 2016 -2018

Los portales de transparencia de la mayoría de universidades y escuelas de educación superior estatales carecen de información y documentos que permitan conocer su distributivo de personal, remuneraciones por puesto, y el uso que se le da a los recursos que provienen de los ciudadanos. Pero la información de la ejecución presupuestaria está disponible en los archivos del Ministerio de Finanzas que, si bien es bastante útil, no muestra al detalle los gastos e información mencionada.

El artículo 23 de la Ley de Educación Superior dispone que las instituciones del Sistema de Educación Superior deben rendir cuentas de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con el Consejo de Educación Superior, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información Adicionalmente, el artículo 25 de la misma Ley, establece que estas instituciones, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también se la debe realizar ante el Consejo de Educación Superior.

Los saldos presupuestarios existentes a la finalización del ejercicio económico deberán incorporarse al presupuesto del nuevo período y sólo podrán destinarse a infraestructura, equipamiento, fondos bibliográficos y becas.

De 2016 a 2019, la Universidad Regional Amazónica IKIAM es la institución con más baja ejecución presupuestaria, de acuerdo con los archivos del Ministerio de Finanzas.

Si desea conocer las cifras y porcentajes de ejecución presupuestaria de los años 2016, 2017 y 2018, acceda al archivo en datos abiertos.

 

Las 10 universidades con mejor ejecución 2016 – 2019

Durante el cuatrenio 2016 – 2019, hay instituciones públicas de educación superior con niveles de ejecución presupuestaria superiores al 90%. Es inequívoco que en este caso un recorte del 10% afectaría de manera significativa el desempeño de los últimos años; sin embargo, es necesario revisar caso por caso.

FUENTE: OBSERVATORIO DE GASTO PUBLICO

 

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