En un informe leído el día de hoy, la concejal Abg. Kerly García, manifestó que la contraloría general del estado ha determinado irregularidades en los contratos de soterramiento y regeneración de la avenida 7 de octubre en la ciudad de Quevedo.
Los mencionados contratos fueron realizados en la administración del anterior alcalde Jorge Domínguez durante el periodo 2015-2019. donde se han evidenciado según el examen especial que se llevó a cabo desde el año 2019.
García leyó entre otras cosas las irregularidades que se han encontrado por parte de la contraloría, entre ellos son 32 contratos los que se examinaron por un monto total de $47.384,792, de los cuales casi 5 millones corresponde al soterramiento y regeneración urbana.
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Cabe mencionar que el proceso de fiscalización de esta obra que esta inconclusa, no ha sido terminada por la empresa contratista, debido a diferentes fallas técnicas en su ejecución y por lo tanto es una obra muerta en la ciudad de Quevedo.
Alrededor de $800.000 sería el monto sin justificar que ha determinado la contraloría en el caso soterramiento suscrito por la empresa imovigrialsa que fue la ejecutora de la obra; cabe recordar que este contrato fue de 2.185,771 en un plazo de 120 días, el cual fue cancelado en su totalidad en 15 de enero del 2019.
En cuanto a la regeneración el monto sin justificar alcanza los $200.000, firmado por el consorcio 7 de octubre, y el cual ha tenido muchos cuestionamientos por lo antitécnico de los paraderos y los asientos de cemento revestidos con láminas de fibra.
Entre otras cosas el informe de la contraloría determino que los mencionados contratos no contaron con los estudios pertinentes ni un fiscalizador de la obra, por lo cual hay indicios de responsabilidad en la suscripción del mismo.
También se evidencia anomalías en los transformadores que están colocados a lo largo de la avenida 7 octubre, donde entre otras cosas se menciona que no tienen ficha técnica, no evidencia el respectivo, no están energizados y tampoco están homologados. Según el informe de contraloría, los gabinetes instalados y pagados no eran los requeridos para dicha obra.
