En un mensaje de madrugada el lunes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró estado de emergencia «en las zonas de alta conflictividad social» y presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
Estas medidas responden a las protestas registradas en varias partes del país, que han dejado al menos 7 muertos -incluyendo dos adolescentes- en enfrentamientos con la policía, y que se desataron tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, el pasado miércoles, 7 de diciembre.
Sin embargo, las palabras de Boluarte no parecieron tranquilizar a los manifestantes, que este lunes bloquearon el aeropuerto de la segunda ciudad más grande del país, Arequipa.
Unos 2.000 manifestantes invadieron la pista, rompiendo la iluminación, quemando cabinas de seguridad y forzando el cierre del aeropuerto, según informó la agencia noticiosa AFP.
Después de varias horas, las autoridades lograron recuperar el control de los predios usando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
Luego de que en horas de la tarde de este lunes los manifestantes fueran retirados por fuerzas de seguridad, la empresa Aeropuertos Andinos del Perú, que opera el aeropuerto, dijo que estaba «haciendo una evaluación de los daños para verificar que la pista, instalaciones y aspectos de navegación se encuentren en condiciones óptimas para reanudar operaciones de manera segura».
La Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de cinco personas más, llevando el total a siete víctimas mortales de los enfrentamietos.
El primer fallecido fue identificado como Robert Pablo Medina Yanquerhuay, de 16 años, tras ser impactado por arma de fuego en la región de Apurímac. Luego se reportó la muerte de Miguel Arcana, de 38 años, en los enfrentamientos en Cerro Colorado, Arequipa, donde los manifestantes quemaron vehículos.
Posteriormente, resgistraron las muertes de Jhonatan Lloclla, de 26, Wilfredo Lizarme y Jonathan Enciso Arias, ambos de 18 años, todas ocurridas en la región de Apurímac.
Las víctimas más recientes fueron indentificadas como David Atequipa Quispe, de 15 años, y Beckam Romario Quispe, de 18.
Los manifestantes ahí y en otros puntos de Perú exigen el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones luego de la vacancia de Castillo, y desde algunos sectores también se pide la liberación del exmandatario, informan medios locales.
La destitución de Castillo se produjo luego de que el entonces presidente anunciara la disolución del Legislativo y la instalación de un «gobierno de excepción», lo que fue interpretado por diferentes sectores peruanos como un intento de «golpe de Estado».
En cuestión de pocas horas, Castillo fue destituido por el Congreso por «incapacidad moral», detenido y posteriormente acusado de «rebelión».
¿Qué dijo Boluarte?
En un mensaje televisado, la presidenta Boluarte informó de la declaratoria de estado de emergencia y anunció que dio «las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía».
El ministro de Interior, César Cervantes, precisó que el estado de emergencia entra en vigor en las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, en el sur del país.
Asimismo, y después de rechazar el adelanto electoral en un principio, la presidenta confirmó que presentaría una propuesta concreta al Congreso con tal fin.
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«Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024″, anunció.
La iniciativa fue enviada después del mediodía de este lunes.
La presidenta señaló que eso también implicará «reformas constitucionales que deben ser aprobadas de la manera más rápida que contempla la Constitución», si bien no entró en detalles.
Boluarte, que era vicepresidenta en el gobierno de Castillo, se distanció rápidamente de su predecesor tras su polémico anuncio la semana pasada, y tomó posesión del cargo tras su vacancia.
Las protestas
El domingo, manifestantes en diversas ciudades del interior de Perú (entre ellas, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno) demandaron la liberación de Castillo, sumándose a movilizaciones en otras partes del país que se habían estado produciendo desde la destitución del presidente.
En la ciudad sureña de Andahuaylas, región de Apurímac, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y policía que dejaron al menos 2 muertos y 30 heridos, confirmaron las autoridades a la radio peruana RPP.
«Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares», manifestó la presidenta Boluarte al respecto en su mensaje a la nación.
El Ministerio de Transporte de Perú dijo en un comunicado que los manifestantes mantuvieron «rodeados» a unos 50 agentes de policía y trabajadores del aeropuerto de la ciudad, que trataban de «asaltar», según la versión oficial.
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación de Perú, Corpac -bajo jurisdicción de este Ministerio- informó el domingo que el aeropuerto de Andahuaylas había resultado seriamente afectado con las protestas. La terminal aérea permaneció cerrada el lunes.
Además de lo ocurrido en Andahuaylas, los medios peruanos también informaron de bloqueos en la Panamericana Norte y Sur y movilizaciones en Lima.
Y el lunes las protestas se volvieron a intensificar y la Defensoría del Pueblo informó que 5 personas fallecieron.
El Congreso celebró una sesión de emergencia el domingo para discutir la crisis pero ésta tuvo que ser suspendida tras una agresión entre legisladores.
Lo ocurrido muestra el nivel de crispación que hay en Perú, que lleva años con instabilidad política y social.
En el centro de ello, está el pulso permanente entre el presidente de turno y el Congreso, que, como explicaba el corresponsal de BBC Mundo en el país, Guillermo D. Olmo, «ha convertido la opción de la vacancia en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos».
Boluarte es la sexta jefa de Estado de Perú desde 2018 (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte).
Fuente: http://BBC
